Este artículo apareció en el diario El Comercio. Pueden leer el artículo original haciendo click aquí en este link.

La Comisión de Formalización de la Propiedad (Cofopri) fue creada en 1996 durante el gobierno de Alberto Fujimori para titular predios destinados a viviendas en favor de personas de bajos recursos económicos, que carecen de propiedades adicionales. Como es de dominio público, el dictador aprovechó políticamente Cofopri, repartiendo personalmente títulos de propiedad como si fueran sus regalos. No obstante la institución contó con personal y gerencias técnicas que fueron mantenidas por los gobiernos de los presidentes Paniagua y Toledo.

Durante la administración del presidente Alejandro Toledo (cuando Cofopri dependía del Ministerio de Justicia) solamente se nombró personal de confianza en los cargos de la coordinación general y de la gerencia de campo. Los demás puestos permanecieron sin cambios. Esto permitió que la institución mantuviera altos niveles de especialización y entendimiento en el proceso de formalizar la propiedad. En este período la titulación en zonas de playa, en todo el país, estuvo suspendida salvo contadas excepciones individuales. Esto se hizo precisamente para no favorecer a los traficantes de terrenos que buscan a toda costa la titulación.

Con la llegada del presidente Alan García al poder, Cofopri se declaró en emergencia y fue adscrita al Ministerio de Vivienda y Construcción. A raíz de ese cambio fue posible el inicio de una reorganización total, despidiendo personal para contratar y crear nuevas plazas que, dejando de lado criterios técnicos, fueron cubiertas por gente próxima al Gobierno.

El proceso de copamiento fue casi inmediato. Se despidió a una buena parte de los empadronadores, que efectuaban tareas especializadas y se los reemplazó por elementos cercanos al Apra. Las jefaturas zonales que siempre tuvieron perfil profesional fueron también cubiertas por simpatizantes u operadores políticos del partido de gobierno.

El resultado fue inevitable: la prensa descubrió la delictiva forma, en la que se entregaban terrenos, a precio de regalo, a gente vinculada al Apra.

El presidente García, ante el escándalo, salió de manera rápida a enfrentar la crisis, proponiendo —sin sustento técnico— la descentralización de Cofopri, para tratar de apagar el incendio político ocasionado por algunos compañeros de su agrupación, olvidándose de que él había tomado las medidas, que llevaron a Cofopri a su actual estado de caos.

Ahora el Poder Judicial y el Parlamento tienen la palabra. Ha llegado la hora de investigar y sancionar a quienes han saqueado al Estado.